Después de nueve meses sin actividad y con un inmenso cúmulo de pasivos, abrieron los hoteles en la provincia. La expectativa estaba puesta en el verano y en una probable reactivación del turismo, que de manera tenue se reflejó durante enero con la ocupación del 30% de la oferta hotelera legalmente disponible en la provincia de Córdoba.
Más o menos el 45% de la hotelería no abrió sus puertas, ya sea de forma temporal o de modo definitivo.
Antes de esta pandemia que puso “patas para arriba” al turismo y a varios actores más vinculados al sector, ya veníamos anticipando el crecimiento de la actividad informal e ilegal y la creciente competencia desleal que esta situación generaba.
Para saber, cualquier establecimiento hotelero registrado eroga el 54% de la tarifa por cama en impuestos nacionales, provinciales y municipales; esto sin contar servicios, sueldos, cargas sociales, mantenimiento y otros costos. Es fácil deducir que la rentabilidad pasa a ser prácticamente nula.
Mientras, en la vereda del frente, vemos cómo un edificio, un departamento o una casa son alquilados sin estar inscriptos en la Agencia Córdoba Turismo, órgano de contralor de los alojamientos turísticos en toda Córdoba, obviamente sin tributos de ningún tipo a la actividad que desarrollan y con la contratación informal del personal.
En el inicio de la crisis sanitaria, los hoteles registrados cumplieron a rajatabla el decreto de no apertura; sólo aportaron su apoyo para alojar a viajeros que debían realizar su cuarentena por pedido del Ministerio de Salud Provincial.
En paralelo, varios alojamientos ilegales trabajaron a destajo durante buena parte de la cuarentena, sin respetar ninguna restricción oficial, con el agravante de que todavía no existían protocolos aprobados. Es decir que siguieron funcionando, lo cual no sólo se transformó en una competencia desleal que sumó camas disponibles, sino que se convirtió en una actividad fuera de todo control, alejada de las condiciones de seguridad que requiere un turista.
Ya es momento de que los estados nacional, provincial y municipal asuman un rol más activo, que ordenen la situación y que obliguen a cumplir con las condiciones necesarias para el funcionamiento legal y así detener el cierre incesante de hoteles que, por las razones mencionadas, se está dando en toda la provincia.
Detrás de cada emprendimiento hay proyectos, hay inversiones, hay sueños, hay esperanzas y hay trabajo que deben ser resguardados por las autoridades correspondientes.
Especial: Por Fernando Faraco. Diplomado en Gestión Pública del Turismo
